Las sanciones pretenden poner freno a lo que desde el Consistorio de La Pobla de Vallbona se entiende como una proliferación a ritmo vertiginoso durante los últimos años de este tipo de construcciones ilegales, en clara referencia al anterior equipo de gobierno dirigido por el PP.
Desde el citado Ayuntamiento aclararon que, a pesar de hacer efectiva la sanción económica los gobiernos municipales pueden imponer multas de hasta 300.000 euros, según la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) no se regularizarán estas construcciones. Ni la actual legislación en materia urbanística ni el nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU) aprobado en 2005 lo contemplan. De esta forma, el gobierno municipal pretende evitar una discriminación hacia todas las personas que se han edificado su vivienda en suelo urbano de acuerdo a la ley vigente. La base legal a la que se sujetará el Consistorio es la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y la nueva ley del suelo no urbanizable de 9 de diciembre de 2004.
Imagen permisiva El alcalde, Guillermo García, ha subrayado que existe una imagen de que en la Pobla cualquiera puede construirse una vivienda donde le apetezca ya que con sólo pagar la multa uno se la puede terminar de construir y acabar viviendo allí disfrutando de todos los servicios públicos como el resto de edificaciones que sí están en suelo urbano.
Según fuentes municipales, desde diciembre pasado fecha de entrada del actual gobierno tras una moción de censura se han paralizado las obras en una decena de chalés cuyos dueños habían iniciado los trabajos de cimentación en suelo rústico. El plan general anterior que fue aprobado en 1995 ya se encargó de legalizar un buen número de viviendas y edificaciones construidas en suelo rústico pero ahora no vamos a proceder del mismo modo, explicó García.
El equipo de gobierno ha iniciado ya un inventario de todas las construcciones ilegales existentes en el término municipal. Una vez está econcluido, el Ayuntamiento decidirá en qué situación se queda cada una de ellas. Se abrirá expediente sancionador contra aquellos chalés ilegales ya construidos y se impondrán las correspondientes multas si estas no han prescrito. La imposición de la multa no eximirá en modo alguno que los chalés continúen considerándose ilegales y, por tanto, no se les concederá la cédula de habitabilidad que da acceso a los servicios básicos como el agua o la luz, argumenta el alcalde. También las empresas suministradoras de estos servicios pueden ser sancionadas por los ayuntamientos hasta con 300.000 euros si acceden a las peticiones de los propietarios de las viviendas ilegales.
Prescripciones
El Ayuntamiento actuará contra los inmuebles cuyas obras todavía no hayan prescrito legalmente. En caso contrario, el Ayuntamiento no podrá imponer sanciones aunque las considerará igualmente ilegales aunque hayan creado un derecho de consolidación por el paso de los años. No podrán tener nunca el derecho de las urbanas y las legales para recibir servicios de agua o luz, excepto en el caso de que un agente urbanizador se comprometa a dotárselas mediante las inversiones necesarias, pero siempre que sean núcleos de chalés agrupados, aclara Guillermo García.
Fuente: Las Provincias
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